El Propuesto Aumento de Impuestos al Vapeo en Colombia: Una Amenaza para la Salud Pública y la Reducción de Daños
En un reciente desarrollo que ha generado preocupación tanto entre defensores del vapeo como consumidores, la congresista de la Alianza Verde colombiana Carolina Giraldo ha presentado una iniciativa para aumentar los impuestos sobre productos de vapeo como parte de la próxima reforma tributaria del país. La propuesta, que se presenta como un medio para generar ingresos para el estado mientras promueve el derecho fundamental a la salud, ha recibido críticas por su potencial para socavar los esfuerzos de reducción de daños del tabaco y su falta de consulta con las partes interesadas.
Los Escollos de Ignorar las Perspectivas de las Partes Interesadas
Uno de los problemas más evidentes con la iniciativa de la Congresista Giraldo es la ausencia de un diálogo social integral y transparente en torno a la propuesta. Asovape Kolonbia, un destacado grupo de defensa del vapeo en Colombia, ha recurrido a las redes sociales para denunciar el fracaso de la congresista en involucrar a los miles de vapeadores y empresarios del vapeo que serían directamente afectados por el aumento de impuestos.
En lugar de fomentar un debate público abierto sobre el asunto, la Congresista Giraldo optó por enviar la iniciativa directamente al Ministro de Hacienda, pasando por alto la oportunidad para que los grupos afectados expresaran sus preocupaciones y compartieran sus experiencias. Para empeorar las cosas, informes de El Espectador sugieren que la propuesta fue redactada con la ayuda de organizaciones como la Fundación Anáas y la Red PaPaz, ambas con historial de promover actitudes sesgadas, no científicas y hostiles hacia el vapeo, y conocidas por tener vínculos con el multimillonario activista anti-vapeo Michael Bloomberg.
El Vapeo como Derecho Fundamental a la Salud
La justificación de la Congresista Giraldo para el aumento de impuestos – que está a favor del derecho fundamental a la salud – es una afirmación que merece un escrutinio más cercano. Numerosos estudios han demostrado que el vapeo es significativamente menos dañino que fumar y sirve como un método efectivo para dejar de fumar, permitiendo a los fumadores llevar vidas más saludables y potencialmente aumentando su esperanza de vida.
Al imponer impuestos más altos sobre productos de vapeo, la iniciativa propuesta corre el riesgo de desalentar a los fumadores de cambiar a esta alternativa menos dañina e incluso podría empujar a los vapeadores actuales de vuelta al tabaquismo. En lugar de promover el derecho a la salud, como sugiere la congresista, esta política podría en realidad socavarlo al crear barreras de acceso a una herramienta probada de reducción de daños.
Además, es crucial reconocer que los vapeadores no son meramente una fuente de ingresos para ser explotada por intereses gubernamentales. Son individuos cuya salud y bienestar deberían ser priorizados por encima de la necesidad de financiación del estado. Tratarlos como un medio para un fin no solo es poco ético sino que también falla en considerar las implicaciones de salud pública a largo plazo de disuadir el uso de una alternativa menos dañina al tabaquismo.
Las Consecuencias No Intencionadas de Impuestos Más Altos
Mientras que la iniciativa de la Congresista Giraldo se presenta como una forma de aumentar los ingresos fiscales del gobierno y simultáneamente mejorar la salud pública, existen preocupaciones válidas sobre si logrará alguno de estos objetivos. Actualmente, los vapeadores en Colombia pagan impuestos al valor agregado sobre los productos que compran de minoristas legítimos, y estas empresas, a su vez, pagan impuestos sobre las ganancias que generan.
Al elevar los precios en el mercado legal a través de impuestos más altos, la política propuesta podría inadvertidamente empujar a los consumidores hacia el mercado informal, donde los productos no están sujetos a ninguna forma de tributación y carecen de los controles necesarios de seguridad y calidad. Esta consecuencia no intencionada podría no solo socavar los objetivos de generación de ingresos del gobierno sino también exponer a los consumidores a productos potencialmente peligrosos y no regulados.
La Necesidad de Legislación Basada en Evidencia
Mientras los legisladores consideran el futuro de las regulaciones de vapeo en Colombia, es imperativo que prioricen los intereses y el bienestar de los grupos afectados, particularmente cuando se trata de asuntos de salud pública. Instamos a la Congresista Carolina Giraldo y a todos los legisladores colombianos a entablar un diálogo significativo con grupos de consumidores de vapeo y emprendedores para obtener una comprensión más integral del papel que juega el vapeo como herramienta de reducción de daños del tabaco.
Al fomentar una comunicación abierta y colaboración con estas partes interesadas, los legisladores pueden trabajar hacia la elaboración de legislación basada en evidencia que equilibre efectivamente la necesidad de protección de la salud pública con los beneficios potenciales del vapeo como una alternativa menos dañina al tabaquismo. No hacerlo arriesga la implementación de políticas equivocadas que podrían tener consecuencias negativas de largo alcance tanto para la salud individual como pública.
Conclusión
Mientras Colombia se encuentra en una encrucijada en su enfoque a las regulaciones de vapeo, es crucial que los legisladores den un paso atrás y consideren cuidadosamente las posibles ramificaciones del aumento de impuestos propuesto sobre los vapeadores. Al ignorar las voces de las partes interesadas afectadas, confiar en aportes sesgados y no científicos, y fallar en reconocer el potencial de reducción de daños del vapeo, la iniciativa de la Congresista Giraldo corre el riesgo de hacer más daño que bien.
En lugar de ver a los vapeadores como una mera fuente de ingresos, los legisladores deben priorizar su salud y bienestar, trabajando hacia una legislación basada en evidencia que promueva el acceso a alternativas menos dañinas al tabaquismo. Solo mediante un diálogo abierto y transparente con la comunidad del vapeo y considerando las consecuencias no intencionadas de sus acciones, los legisladores pueden esperar elaborar políticas que verdaderamente sirvan al interés público y avancen el derecho fundamental a la salud.
