La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado planes para consagrar la prohibición del vapeo en la Constitución del país antes de que acabe 2024. Morena, el partido de izquierdas de la presidenta, obtuvo una supermayoría en la cámara baja del Congreso en las elecciones de junio, lo que otorga a su Gobierno un poder considerable para sacar adelante su agenda.
México ya ha adoptado una postura hostil hacia los vapers, con prohibiciones vigentes sobre su venta, comercialización, producción, transporte e importación. Sin embargo, algunas tiendas de vapeo siguen operando legalmente gracias a sentencias judiciales a su favor, mientras florece un mercado gris con una aplicación mínima de la ley. La reforma constitucional propuesta pretende eliminar esta ambigüedad.
Los defensores de la reducción de daños del tabaco sostienen que la prohibición tendrá consecuencias no deseadas. De los aproximadamente 1,7 millones de mexicanos que vapean, muchos utilizan los dispositivos como una alternativa menos dañina a los cigarrillos. Con unos 12 millones de fumadores en México y cerca de 50.000 muertes anuales relacionadas con el tabaquismo, los vapers han contribuido a reducir las tasas de fumadores.
México se enfrenta a importantes retos de salud pública:
1,7 millones de vapeadores actuales
12 millones de fumadores activos
50.000 muertes anuales relacionadas con el tabaquismo
Tomás O’Gorman, abogado mexicano y cofundador de Pro-Vapeo México, y Miguel García, defensor de la reducción de daños del tabaco en Ciudad de México, creen que la prohibición constitucional empujará a muchos vapeadores de vuelta a los cigarrillos combustibles, lo que en última instancia agravará los problemas de salud de la población.
Más allá de las preocupaciones de salud pública, existe un temor generalizado a que un mercado de vapers totalmente ilícito alimente la violencia en México, un país que ya lidia con niveles devastadores de violencia vinculados al mercado de las drogas prohibidas. O’Gorman prevé que una mayor persecución de los vapers acarreará una serie de resultados negativos, entre ellos el crecimiento y el fortalecimiento del mercado ilícito, el empoderamiento de los grupos de narcotráfico ya establecidos y el fomento de la violencia.
La prohibición constitucional plantea serias preocupaciones de seguridad:
- Posible aparición de mercados negros violentos
- Mayor implicación del crimen organizado
- Paralelismos con la experiencia de Australia con el comercio ilegal de vapers
Llamamientos a la regulación y la educación
Los críticos de la prohibición propuesta argumentan que vulnera la autonomía personal y derechos humanos como el derecho a la salud, a la información y a la libertad de elección. García reclama invertir en programas de educación e información que ayuden a los mexicanos a tomar decisiones informadas sobre los productos de nicotina, en lugar de recurrir a la prohibición.
O’Gorman y García abogan por un enfoque regulatorio que facilite el acceso a los dispositivos de reducción de daños, de modo que los mexicanos puedan consumir nicotina sin recurrir a los cigarrillos, lo que en última instancia mejoraría los resultados de salud pública.