México busca proteger a consumidores de vapeadores del castigo
Los legisladores mexicanos están avanzando para modificar la propuesta de ley que prohíbe los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos con el fin de garantizar que los consumidores individuales no sean criminalizados. Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados por el partido Morena, está preparando una “reserva” (enmienda) para modificar la redacción del Artículo 282 Quáter en el proyecto de reforma.
El borrador original prohíbe de manera amplia la “adquisición”, producción, distribución y venta de dispositivos de vapeo en todo el país. Zenteno sostiene que el término “adquisición”, sin una calificación específica, deja espacio para interpretaciones legales que podrían penalizar a los consumidores simplemente por poseer estos productos. Su enmienda propuesta aclara que la prohibición aplica únicamente a la adquisición “con fines comerciales”.
Zenteno enfatiza que la iniciativa federal tiene como objetivo atacar las actividades económicas relacionadas con la producción y el comercio de vapeadores, no el consumo personal. Afirma que criminalizar a los usuarios violaría el derecho al libre desarrollo de la personalidad, un principio respaldado por la Suprema Corte, que permite a los adultos elegir sus actividades recreativas. “El uso de la palabra adquisición deja abierta la puerta a interpretaciones por parte de los Ministerios Públicos y jueces que pueden afectar la conducta de los consumidores”, señaló Zenteno.
Esta postura cuenta con apoyo bipartidista, ya que el miembro del partido PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, también planea presentar una reserva similar para prohibir explícitamente la adquisición solo “con fines comerciales”. El proyecto, aprobado por la Comisión de Salud el pasado martes, define los dispositivos de vapeo de manera amplia y actualmente propone penas de prisión de uno a ocho años y multas que van aproximadamente de 11,000 a 226,000 pesos por infracciones. Los cambios propuestos buscan enfocar estas severas sanciones estrictamente en la cadena de suministro comercial y no en los usuarios individuales.
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