La prohibición constitucional de los cigarrillos electrónicos en México no ha logrado reducir su uso y ha dejado todo el mercado en manos del contrabando ilícito. Seis meses después de la entrada en vigor de la prohibición, siguen circulando por el país unos 2,5 millones de dispositivos de vapeo, según datos del sector.
Gastón Zambrano, director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de British American Tobacco para América Latina y el Caribe (LANCAR), afirmó que la prohibición solo criminalizó un mercado que antes estaba regulado. Antes de la reforma constitucional de enero, las empresas establecidas importaban y vendían estos productos legalmente y aportaban ingresos fiscales al Gobierno federal.
“La prohibición no eliminó el consumo”, señaló Zambrano. “En cambio, unos 15.000 millones de pesos que podrían recaudarse en impuestos en un mercado regulado acaban ahora en manos de las organizaciones del crimen organizado que controlan el comercio ilícito”.
Como estos dispositivos entran en México por rutas de contrabando, no existe ningún control sobre sus estándares de fabricación ni sobre sus ingredientes. Esa falta de regulación agrava los riesgos para la salud de los usuarios.
Juan José Roque Segovia, director de Salud Mental y Prevención de Adicciones de la Secretaría de Salud, advirtió de que los cigarrillos electrónicos causan daños respiratorios graves. Los vapers ilícitos suelen contener hasta 20 aditivos químicos, entre ellos glicoles, acetona y aromatizantes artificiales, muchos de ellos cancerígenos. Las clínicas siguen tratando casos graves de neumonía y cáncer directamente vinculados a estos dispositivos sin regular.