La reforma constitucional busca proteger la salud pública y combatir el consumo de drogas
El Senado de México ha aprobado una controvertida reforma que prohíbe los dispositivos de vapeo y el uso ilícito de fentanilo en México. El Senado enviará el proyecto a los 32 congresos estatales para su aprobación antes de declarar su constitucionalidad.
Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó modificar los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos, vapers y otros sistemas o dispositivos electrónicos similares.
La reforma pretende garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Prohibirá la producción, distribución, comercialización y venta de cigarrillos electrónicos, vapers y otros sistemas o dispositivos electrónicos que determine la ley, así como la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas y precursores de fentanilo.
El senador Enrique Inzunza, del partido Morena, señaló que el proyecto aborda un problema urgente que afecta a la sociedad, en particular a los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos, vapers, sustancias tóxicas y drogas sintéticas.
«En primer lugar, debemos recordar que la salud es un derecho fundamental y, al mismo tiempo, una prioridad que el Estado mexicano está obligado a garantizar. En los últimos años hemos sido testigos de cómo la proliferación de dispositivos electrónicos como los vapers y el aumento del consumo de sustancias como el fentanilo han generado una crisis sanitaria y también una crisis de seguridad pública», declaró Inzunza.
El senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que un buen número de senadores usaba estos dispositivos e incluso se escondía en el baño para utilizarlos.
«El Pleno está lleno de vapeadores, y quienes los usan van a esconderse al baño», sostuvo el senador por Querétaro.
Alejandra Barrales, senadora del partido Movimiento Ciudadano, el único grupo que votó en contra del proyecto, dijo que la reforma «busca criminalizar y penalizar el consumo de sustancias, en lugar de prevenir y regular el libre consumo, como propone cualquier izquierdista en cualquier parte del mundo».
«En otras palabras, esta prohibición equipara el uso de vapers con el uso de drogas como el fentanilo. El absurdo es evidente porque, aunque reconocemos que el uso de vapers sin duda causa daños, en modo alguno es comparable al impacto que genera el consumo de fentanilo. El absurdo es evidente», argumentó Barrales.
El Senado enviará el proyecto a los 32 congresos estatales y, si la mayoría de ellos lo aprueba, la reforma se declarará constitucional para su promulgación.