La prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores con sabores en los Países Bajos parece estar causando impacto, según una evaluación preliminar del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM). El informe revela que el vapeo ha disminuido significativamente entre los vapeadores holandeses, con uno de cada cinco abandonando completamente el hábito desde que se implementó la prohibición el año pasado.
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El Tribunal de Distrito de La Haya ha dictaminado que el gobierno holandés tenía derecho a imponer una prohibición de cigarrillos electrónicos saborizados para proteger la salud pública. El tribunal tomó esta decisión en un procedimiento sustantivo iniciado por el fabricante de productos de tabaco British American Tobacco (BAT) y su empresa afiliada Nicoventures, quienes argumentaron que la prohibición era ilegal.
El tribunal declaró que la nocividad de los cigarrillos electrónicos y el «atractivo» de los sabores dulces para los jóvenes están suficientemente establecidos. La prohibición de 2020 permite que solo ciertos tipos de sabores de tabaco se agreguen a los cigarrillos electrónicos, principalmente porque los jóvenes son sensibles a otros sabores, particularmente los dulces. El gobierno también vio indicios de que los cigarrillos electrónicos con sabores dulces pueden eventualmente llevar a fumar cigarrillos regulares, mientras que el gobierno apunta a una «generación libre de humo» para 2040.
Según el tribunal, el potencial de los cigarrillos electrónicos para fomentar el tabaquismo de cigarrillos regulares no necesita ser científicamente comprobado para que se implemente una prohibición. La nocividad de los cigarrillos electrónicos y el atractivo de los sabores dulces para los jóvenes por sí solos justifican la prohibición de saborizantes.
El tribunal reconoció que la prohibición de saborizantes infringe la libre circulación de mercancías dentro de la UE, pero declaró que dicha infracción puede estar permitida para proteger la salud pública si es «apropiada, necesaria y proporcionada». El tribunal reconoció que el estado tiene la «discreción política para dar mayor peso a los intereses de la juventud y de una futura generación libre de humo en el contexto de la salud pública».
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