El Concejo Deliberante de Coronel Pringles ha aprobado por unanimidad la Ordenanza 5.114/26, que somete a los cigarrillos electrónicos a las mismas prohibiciones estrictas en interiores que el tabaco tradicional. Los legisladores locales declararon “perjudiciales para la salud” a los vapers, los productos de tabaco calentado y dispositivos similares, y citaron los aerosoles tóxicos y el aumento del consumo entre los jóvenes como principales motivos de la intervención.
La norma prohíbe el uso, el consumo y la manipulación de dispositivos de vapeo en espacios públicos cerrados, sean de gestión pública o privada. La restricción se extiende a instituciones educativas, centros sanitarios, centros deportivos, espacios culturales, oficinas municipales y el transporte público.
Para garantizar su cumplimiento, los establecimientos afectados deben exhibir cartelería visible que advierta a los clientes de la prohibición. El Gobierno del intendente Lisandro Matzkin supervisará la aplicación, pondrá en marcha campañas de concienciación pública y gestionará el sistema de sanciones.
Las multas para los particulares que infrinjan la prohibición van de 120.000 pesos a más de 1.135.500 pesos (el equivalente a entre 50 y 500 unidades fijas). Los negocios que no exhiban la cartelería de advertencia obligatoria se enfrentan a multas de entre 57.000 y 450.000 pesos.
Los reincidentes se enfrentarán al doble de la multa inicial, además de posibles clausuras del negocio o suspensiones de la licencia. En los casos que afecten a menores, el municipio puede sustituir las sanciones económicas por trabajos comunitarios o formación sanitaria obligatoria.
Los concejales locales subrayaron que la medida protege la salud pública, en especial la de niños y adolescentes. Señalaron que los estudios científicos demuestran que los aerosoles de los vapers contienen metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas, lo que desmiente la falsa percepción de que estos dispositivos son inofensivos.