El Tribunal Supremo de Panamá Declara Inconstitucional la Prohibición de Cigarrillos Electrónicos
En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá ha declarado inconstitucional la Ley 315 del 30 de junio de 2022, que prohibía el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina. El fallo, emitido por el Magistrado Olmedo Arrocha, determinó que la ley violaba el Artículo 170 de la Constitución.
Según la decisión del tribunal, la ley contravenía la disposición constitucional que establece que si un proyecto de ley es objetado en su totalidad por el Órgano Ejecutivo, debe regresar a la Asamblea Nacional para un tercer debate. Si es objetado parcialmente, el proyecto regresa a un segundo debate únicamente para abordar las objeciones planteadas.
El artículo también estipula que si la Asamblea Nacional considera las objeciones y el proyecto es aprobado por dos tercios de los diputados, el Ejecutivo debe sancionarlo y promulgarlo sin la posibilidad de presentar nuevas objeciones. Si no se obtiene este número de diputados, el proyecto es rechazado.
Cuando se presentó la acción legal, la Asociación para la Reducción del Daño por Tabaquismo en Panamá (ARDTP) argumentó que la legislación no recibió el voto afirmativo del número de diputados requerido por la Constitución. También alegaron que después de que el proyecto fuera devuelto con el informe de objeciones presidenciales, se agregaron disposiciones adicionales más allá de las propuestas por el Presidente Laurentino Cortizo, las cuales tenían implicaciones materiales y cambiaban el sentido de lo que había sugerido el jefe del Ejecutivo.
El proyecto de ley contra los cigarrillos electrónicos fue presentado por Crispiano Adames y aprobado el 19 de marzo de 2020, pero posteriormente fue vetado por Cortizo. La legislatura reanudó la discusión del documento vetado en agosto de ese año, el cual fue aprobado en tercer debate el 8 de julio de 2021 y sancionado en junio de 2022.
Los demandantes sostuvieron que la prohibición de estos productos era perjudicial para la salud, ya que impedía el acceso a artículos menos dañinos para los fumadores adultos que luchan contra la adicción y para quienes los rodean. También argumentaron que tal regulación fomentaría el contrabando en el país.
Según los CDC, si bien los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de beneficiar a algunas personas y perjudicar a otras, los científicos todavía tienen mucho que aprender sobre la efectividad de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar.
La decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la prohibición de cigarrillos electrónicos tiene implicaciones significativas para la regulación de estos productos en Panamá. Abre la puerta a un enfoque más matizado que equilibre las preocupaciones de salud pública con los derechos de los consumidores adultos y el potencial de reducción de daños.
A medida que el país avanza, los legisladores deberán considerar cuidadosamente la evidencia científica, las mejores prácticas internacionales y el contexto único de Panamá para desarrollar un marco regulatorio que aborde efectivamente los desafíos planteados por los cigarrillos electrónicos y otros sistemas novedosos de administración de nicotina.
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