Los dos grandes partidos políticos españoles, el PSOE y el PP, han alcanzado un consenso poco habitual para restringir severamente dónde pueden venderse los productos de vapeo. Aprobada por una comisión parlamentaria, esta nueva resolución no vinculante pretende retirar los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina del comercio general y de las plataformas en línea, con la vista puesta directamente en el acceso de los jóvenes y en un creciente mercado ilícito.
Según la nueva propuesta, la venta de dispositivos de vapeo quedará estrictamente limitada a entornos controlados, en concreto los estancos con licencia y las tiendas especializadas de vapeo. La medida está diseñada para imponer una verificación de edad rigurosa y garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, fiscal y medioambiental.
Actualmente, la amplia disponibilidad de vapers en bazares, supermercados y tiendas en línea sin controles de edad eficaces ha hecho demasiado fácil que los adolescentes eludan las restricciones. Además, la iniciativa busca atajar el floreciente mercado negro.
Estudios europeos recientes ponen de relieve una entrada masiva de dispositivos no regulados, procedentes sobre todo de Asia, que plantean riesgos importantes:
- Nicotina excesiva: Los dispositivos ilegales suelen superar las concentraciones de nicotina permitidas por ley.
- Riesgos para la salud: Muchos contienen ingredientes no declarados y carecen de un etiquetado sanitario adecuado.
- Evasión fiscal: Estos productos importados eluden por completo los sistemas fiscales nacionales.
Curiosamente, este impulso parlamentario pone de manifiesto una laguna en el proyecto de ley antitabaco más amplio de España. Mientras que el borrador del Ministerio de Sanidad propone multar a los padres de los menores sorprendidos vapeando, actualmente carece de medidas para controlar los puntos de venta al por menor.
La medida española refleja la creciente preocupación europea por el vapeo ilícito. Por ejemplo, Francia pierde más de 4.300 millones de euros al año por el comercio ilícito, mientras que los Países Bajos informan de que casi el 90 % de los vapeadores utiliza productos ilegales o no autorizados. Al restringir las ventas a los canales especializados, España parece inclinarse hacia los modelos del Reino Unido y Nueva Zelanda, que apuestan por una estricta supervisión del punto de venta en lugar de la prohibición pura y simple.