La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado una moción que insta al Gobierno a reafirmar la necesidad de consenso político en la lucha contra el tabaquismo y a establecer una regulación específica para los cigarrillos electrónicos. La moción, presentada por el Partido Popular (PP) y enmendada por el Partido Socialista (PSOE), recibió 26 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
La senadora Rosa Romero, del PP, criticó el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo, aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril, por carecer de una participación real de las comunidades autónomas. Señaló que solo se trató como un punto informativo en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sin tener en cuenta la mayoría de las alegaciones presentadas previamente por las comunidades.
La moción insta al Gobierno a establecer una regulación específica para los cigarrillos electrónicos, que incluya una evaluación técnica, científica y económica de la restricción de su venta a estancos autorizados y establecimientos especializados. El objetivo es combinar la prevención y la prohibición expresa del acceso de los menores a estos productos con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los dictámenes del Consejo de Estado, que abogan por regular los puntos de venta en lugar de limitarse a extender el monopolio estatal.
El texto pide impedir la proliferación de sabores especialmente atractivos para los menores, llegando a restringir la venta de los que se anuncian con sabores de golosinas o refrescos, así como de cigarrillos con formatos y formas especialmente llamativos para los menores, como juguetes, videojuegos o dibujos animados. La senadora Romero subrayó la necesidad de evitar la proliferación de sabores y aromas, implicar a todas las administraciones y desarrollar campañas de concienciación dirigidas a familias y educadores.
La moción también insta al Gobierno a establecer una regulación específica sobre las bolsitas de nicotina o cualquier formato que dispense nicotina y no esté reconocido como terapia para dejar de fumar por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
La moción solicita procesos urgentes de evaluación científica multicéntrica, financiados con recursos públicos y llevados a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III y diversos nodos de investigación clínica y epidemiológica. También promueve estudios en las agencias de salud pública de las comunidades autónomas para recabar datos suficientes sobre el tabaquismo y sus nuevas formas.
El senador José Manuel Tofiño, del PSOE, presentó una enmienda, que fue aceptada, en la que señalaba que el CSIC y el Instituto de Salud Carlos III ya están investigando y llevando a cabo algunas de estas innovaciones.
La moción pide que estas evaluaciones financiadas con fondos públicos sirvan para conocer las consecuencias para la salud de los nuevos productos alternativos al tabaco, incluidos el tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos, así como su posible papel complementario o incluso sinérgico en los procesos de abandono del tabaco convencional en fumadores adultos.