Los ministros de Sanidad de la UE respaldarán este martes en Bruselas unas normas antitabaco más estrictas, con apoyo a la prohibición de fumar y vapear en diversos espacios al aire libre, como parques infantiles y terrazas de cafeterías. Los ministros estudiarán una recomendación no vinculante que invita a los Estados miembros a actuar contra el humo y el vapor de segunda mano, y que previsiblemente se aprobará pese a las divisiones políticas sobre la cuestión.
El borrador pide a los países de la UE que amplíen las restricciones vigentes para los cigarrillos a los «productos emergentes», como los dispositivos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos, cada vez más populares entre los jóvenes. Los gobiernos deberían ofrecer una protección eficaz frente a los aerosoles que emiten estos productos en entornos interiores, como oficinas y edificios públicos, así como en algunos espacios exteriores, como piscinas, playas, zoológicos, bares en azoteas y terrazas de restaurantes.
El impulso de unas normas antitabaco más estrictas se alinea con el objetivo de la UE de reducir su población fumadora desde el 25 % actual a menos del 5 % en 2040, en el marco de su «Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer». Se estima que el consumo de tabaco mata cada año a más de ocho millones de personas en todo el mundo, incluidos unos 1,3 millones de no fumadores expuestos al humo de segunda mano, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Equiparar fumar y vapear ha resultado polémico. En una declaración conjunta, Italia y Rumanía afirmaron que los llamamientos a prohibir el vapeo al aire libre carecen de base científica y no deberían haberse incluido en la recomendación. Aun así, se espera que ambos países respalden el texto, según una fuente diplomática.
La semana pasada, el Parlamento Europeo votó en contra de una resolución sobre el mismo asunto, después de que los eurodiputados de la derecha aprobaran enmiendas para diferenciar entre los productos de tabaco tradicionales y los dispositivos electrónicos. Esto provocó la indignación de la izquierda, que había apoyado el texto original pero rechazó su versión diluida. La resolución parlamentaria, que solo habría tenido un valor simbólico, fue rechazada con 378 votos en contra y solo 152 a favor.