El estado mexicano de Coahuila ha reformado oficialmente su Ley para la Protección de los No Fumadores para prohibir por completo la venta, la distribución y la producción de todos los dispositivos de vapeo. Impulsada por la diputada María del Mar Treviño Garza, esta prohibición de amplio alcance apunta directamente al creciente consumo entre los jóvenes y a los riesgos químicos de los productos no regulados.
El panorama regulatorio en México acaba de endurecerse de forma notable. Mediante una reforma directa al artículo 33 Bis de la legislación estatal de protección a los no fumadores, Coahuila cierra de facto el mercado local del vapeo. No se trata de una mera restricción comercial: la nueva ley prohíbe el uso, el comercio, la promoción y la producción de todos los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), así como de las alternativas sin nicotina.
¿Qué impulsa esta agresiva medida legislativa? La protección de los jóvenes. La diputada María del Mar Treviño Garza del partido PRI, encabezó la iniciativa y señaló directamente la creciente popularidad de estos dispositivos entre los adolescentes de 12 a 17 años. Los legisladores rechazan la idea de que los cigarrillos electrónicos sean una herramienta segura para dejar de fumar y afirman que no existe evidencia científica que respalde que ayuden a abandonar el tabaco combustible tradicional.
Este es el núcleo del argumento sanitario del gobierno. Las autoridades estatales se centran en las incógnitas que plantean los productos no regulados del mercado negro. La Comisión Nacional contra las Adicciones ha lanzado advertencias tajantes sobre la composición química de estos dispositivos. En concreto, destaca la presencia de sustancias tóxicas y metales pesados —entre ellos cadmio, níquel y plomo— y los vincula con posibles problemas cardiovasculares y pulmonares.
Con unos 17 millones de fumadores tradicionales en todo México, los legisladores de Coahuila insisten en que su objetivo principal es proteger a los no fumadores y a los adolescentes de estos riesgos para la salud. La realidad es clara: al prohibir por completo estos dispositivos, independientemente de su contenido de nicotina o de sus sabores, el estado adopta un enfoque absoluto, de tolerancia cero, frente a toda la categoría de productos de vapeo.